Como decíamos en nuestro editorial de ayer, el alcalde Carles Mòra representa el independentismo tranquilo. El primer concejal de Arenys de Munt ha en el centro de toda la polvareda que se ha levantado por el referéndum organizado por la MAPA -una entidad privada-, pero a la vez ha sido quien ha realizado las declaraciones más sensatas. Porque la judicialización del caso ha dado volumen a una bola de nieve que no hace sino crecer y que de otra manera quizás se hubiera quedado en una pelota de tenis. Entre unos y otros lo único que han conseguido ha sido dar más empuje a la iniciativa popular areñense. De hecho, el día 13, la fecha fijada para la consulta popular, es muy probable que Arenys de Munt, una villa de unos 8.000 habitantes, abra los informativos televisivos de aquí y del Estado, y sea noticia en otras cadenas de varios países del mundo.

La maquinaria del Estado ha funcionado como un rodillo, y con una velocidad poco habitual en la judicatura española, para evitar que el Ayuntamiento de Arenys tenga ningún tipo de participación organitzativa en el acto de votación. Los organizadores del referéndum, donde no se obliga a nadie a acercarse a las urnas ni a hacerlo en un sentido o en otro, tampoco podrán utililizar ninguna dependencia pública para llevar a cabo la consulta. Parece ser que esta circunstancia no será obstáculo porque la votación se realice.

Lo más preocupante o no, además de la desautorización del pleno del Ayuntamiento de Arenys, es que mientras unas personas no pueden manifestar su opinión con una papeleta, la justicia sí permite que lo hagan personas que no creen en el sistema. El departamento de Interior había aplazado la manifestación falangista, como no, contraria a la iniciativa popular. No la había prohibido, la había aplazado. Pero el TSJC ha dictaminado que los falangistas se pueden manifestar el mismo domingo día 13 porque su derecho de manifestación prevalece por encima de cualquier otra consideración. El sistema, definitivamente, está agrietado por algún lado.