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La Puntita · 22 de Julio de 2021. 13:55h.

ELOY MENDAÑA PRIETO

Jurista

El control de los dineros públicos

Mucho se está hablado y escribiendo estos días en los medios de comunicación social y en determinados círculos políticos sobre una concreta actuación del Tribunal de Cuentas del Reino de España, pero creo que con un gran desenfoque -a veces interesado y a veces por desconocimiento- de su verdadera función. Esto, es decir, intentar aclarar en la medida de lo posible estas verdaderas desinformaciones, me ha animado a superar mi natural tendencia a no escribir para el público en general para intentar explicar de manera comprensible esta actuación que tanto está dando que hablar y que tanto continuara dando que hablar.

El Tribunal de Cuentas, pese a su nombre, no es un tribunal, no forma parte del Poder Judicial, sino que es -como dice el artículo 136 de la Constitución- “el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”, que depende directamente de las Cortes Generales y se rige por su propia Ley Orgánica promulgada en el año 1.982, ley que se complementa con otra promulgada en el año 1.988 que regula su funcionamiento. Sus miembros, nombrados por mitad por el Congreso y el Senado, han de ser Auditores, Censores Jurados de Cuentas, Economistas, Profesores Mercantiles y de Universidad, Magistrados, Fiscales y funcionarios pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso exija titulación académica superior, todos ellos con más de quince años de profesión, y deben actuar con independencia.

Así pues, el Tribunal de Cuentas es el órgano constitucional que tiene como objetivo el control externo de la actividad económico-financiera del sector público estatal, autonómico y local, así como también de la contabilidad de los partidos políticos. En definitiva, es el organismo fiscalizador del empleo o destino del dinero público.

Pero, ¿qué es el dinero público?

El dinero público es el que los ciudadanos, ya sean personas físicas o ya sean sociedades, damos al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las Diputaciones, a los Ayuntamientos y, en general, a las Administraciones Publicas a través de los impuestos, las tasas, las multas, etc … que pagamos. Pero también es el dinero que se obtiene de las empresas públicas, de las transferencias que realiza la Unión Europea y el que se recibe de la emisión de bonos públicos o deuda pública.

El dinero público es, por tanto, el dinero que los ciudadanos forzosamente entregamos a los organismos públicos antes señalados para que las personas que los gobiernan lo administren destinándolos a los fines públicos propios de esos organismos públicos.

El control de esos dineros públicos, de nuestros dineros, es complejo, pues comienza con la elaboración de los presupuestos y finaliza con la fiscalización del gasto efectivamente realizado.

Los presupuestos constituyen, simplificadamente, una previsión de los ingresos futuros en el año de su vigencia (así se conocerá la carga impositiva que los ciudadanos vamos a tener que soportar) y en la fijación del destino de dichos ingresos. De aquí la importancia que tiene la Ley de Presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, pues a través de ellos se sabe que cantidad de dinero público se destina al pago de los bonos o deuda pública pendiente, que cantidad de dinero público se tiene para gastar en fines propios (o si hay que acudir a los bonos o deuda pública) y donde se asignaran esos dineros (al mantenimiento de la estructura de la Administración Publica correspondiente -pago a políticos y funcionarios, pago de los medios necesarios, etc …-), si se destina a gasto social y a las inversiones determinadas, etc …).

Estando en vigor los presupuestos, los dineros públicos se distribuyen entre los distintos organismos de la Administración Publica para que las personas que los gobiernan, como encargados de llevar a cabo el gasto concreto del dinero público que se le ha asignado presupuestariamente. Sin embargo, antes de llevarse a cabo tal gasto, este ha de pasar un control previo: ha de ser supervisado y aprobado por un funcionario público llamado Interventor (hay muchos en las Administraciones Publicas), pues sin su aprobación no puede gastarse el dinero publico correspondiente. Y este control se refiere básicamente a que el destino del dinero publico decidido por la persona que gobierna y tiene la facultad legal de disponer del dinero público lo hace ajustándose a las normas legales correspondientes (por ejemplo, respetando una ley que regula los contratos de las Administraciones Publicas) y con destino a los fines propios del organismo público correspondiente.

Superado este control, se llevará a cabo el gasto del dinero público, de nuestro dinero, en definitiva. Pero aún queda otro control, cual es el de la fiscalización del destino efectivamente dado a los dineros públicos.

Este último control lo lleva a cabo el Tribunal de Cuentas, obviamente con bastante tiempo de retraso, puesto que la fiscalización que realiza la efectúa sobre la documentación contable que le remiten las Administraciones Publicas después de haber efectuado el correspondiente gasto del dinero público.

Este organismo fiscalizador contable tiene su paralelismo en Catalunya -como en las otras Comunidades Autónomas- en un órgano fiscalizador: la Sindicatura de Comptes.

¿Qué sucede cuando los dineros públicos han sido gastados para fines que no son propios de la Administración Publica correspondiente?

En tales casos, las personas que tomaron la decisión de efectuar ese gasto (las personas que gobiernan los organismos públicos y administran los dineros públicos) y las personas que debieron controlar ese gasto no aprobándolo (los Interventores), serán responsables directos y personales con su propio patrimonio de ese gasto indebido, debiendo reintegrar a la Administración Publica correspondiente ese dinero publico indebidamente gastado.

Esta obligación de devolución del gasto indebido del dinero publico la lleva a cabo el Tribunal de Cuentas (o el organismo similar de la Comunidad Autónoma correspondiente) tras un procedimiento en el que las personas a las que se le imputa presuntamente la responsabilidad patrimonial de ese gasto indebido pueden hacer las alegaciones y pruebas que estimen necesarias para la defensa de su derecho, que es, en definitiva, para acreditar que el gasto del dinero publico efectuad se destinó a fines propios de la Administración Publica que gobernaban o controlaban; pero mientras se tramita este procedimiento, se toma la medida cautelar de exigir a las personas presuntamente responsables que presten fianza o avalen sus posibles responsabilidades económicas y si no lo hacen se procederá al embargo de bienes suficientes para cubrir esas posibles responsabilidades económicas. No se trata, pues, de multas o de sanciones, sino simplemente de asegurar unas posibles responsabilidades pecuniarias por haber realizado o participado en un gasto de dinero publico de manera indebida, dinero que en su caso será reintegrado a la Administración Publica correspondiente.

Creo que quedaría incompleta esta explicación si no hiciera finalmente una aplicación de la misma al caso real, que es lo que da lugar la actuación del Tribunal de Cuentas del Reino de España que todos tenemos en mente. Pero esta aplicación la hare en forma de preguntas para que todo lector pueda contestarlas.

¿La actividad exterior de carácter político-diplomático llevada a cabo por la Generalitat de Cataluña a través de lo que vulgarmente se denomina “embajadas” está dentro de sus fines propios como Comunidad Autónoma? Esta actividad no está recogida ni en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía y el Tribunal Constitucional ha señalado que la actividad que pueden llevar a cabo las delegaciones de la Generalitat en el extranjero se ha de circunscribir a cuestiones económicas y culturales.

¿Por qué el Tribunal de Cuentas pide responsabilidad solo a determinadas personas? Las personas a las que se pide responsabilidad por su presunta actuación en la gestión del dinero público son aquellas que en el momento de decidirse su gasto desempeñaban cargos entre cuyas facultades estaba el tomar la decisión del gasto y el de controlar.

¿La Generalitat de Cataluña, como Administración Publica posiblemente perjudicada por ese presunto gasto indebido, puede renunciar a recuperar esos dineros públicos indebidamente gastados y/o puede avalar a través de un organismo dedicado a la ayuda económica a empresas a esas personas individuales presuntamente responsables económicos del gasto indebido?

Hay muchas más preguntas, pero aquí lo dejo para no cansar al lector que tenga “la inmensa paciencia” de leer esta pequeña reflexión explicativa.

 


Eloy Mendaña Prieto

Jurista

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1 Comentarios

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#2 Buena entrada, Terrassa, 23/07/2021 - 12:52

Muchas gracia por las clarificaciones.