La Puntita · 5 de Abril de 2022. 09:50h.

PABLO DE PALACIO

Licenciado en Derecho y Criminologia & Seguridad

El TJUE marcará el rumbo de las euroórdenes

Este martes 5 de abril vuelve a entrar en escena el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que deberá deliberar acerca del alcance y contenido de las euroórdenes emitidas por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

El independentismo catalán se encuentra nuevamente en los aledaños de un nuevo pronunciamiento judicial. No obstante, en esta ocasión el escenario es sustancialmente diferente por dos motivos fundamentales.

Primero porque la vista que tendrá lugar se celebrará en el TJUE con sede en Luxemburgo y no en el Tribunal Supremo. Y, segundo, porque los quince magistrados que formarán la Gran Sala tienen, desde el punto de vista soberanista catalán, mayor independencia judicial en la toma de sus decisiones.

El momento es trascendental y marcará un punto de no retorno en el proceso soberanista. El foco mediático no únicamente abarca las relaciones entre España y Cataluña sino que mantiene en vilo a toda la comunidad europea por la afectación que tal pronunciamiento pueda tener sobre el resto de estados miembros. Mañana es un día decisivo para la Unión y la comunidad es consciente de ello.

El objeto de esta vista, sin embargo, no será analizar el fondo de la cuestión ni decidir acerca de la entrega a España – o no - del expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí, pero sí que puede marcar un antes y un después en la situación personal de los precitados políticos.

Luxemburgo será testigo de una ardua batalla dialéctica, llena de tecnicismos jurídicos e interpretaciones diversas. Mientras las acusaciones personadas (Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Vox) defenderán que el procedimiento de euroorden tiene su sentido en el principio de cooperación entre estados y que el principio de doble tipificación de los hechos no consiste en prejuzgar el fondo del asunto en profundidad; las defensas de los políticos soberanistas trataran de desvirtuar las referidas alegaciones y demostrar a los magistrados de la Gran Sala que la actuación de la justicia belga fue correcta.

Y es que debe recordarse que el origen de esta controversia se remonta al mes de enero de 2021 cuando el tribunal belga denegó la entrega a España del exconsejero Lluís Puig. En aquel entonces, la resolución denegatoria británica se fundó en una posible incompetencia del Tribunal Supremo para juzgar al exconsejero y una eventual vulneración de derechos fundamentales que pudiera producirse.

La paciencia del magistrado instructor llegó a su fin y decidió elevar una cuestión prejudicial. Entre las preguntas a las que trataba de hallar respuesta se encontraba si en el seno de un procedimiento de euroorden un estado miembro se halla legitimado para cuestionar la competencia del requirente. Y, en segundo lugar, qué máximos y límites existían en el ejercicio del juicio de doble tipificación.

Primero de todo me gustaría destacar la filosofía de la euroorden, que no es otra que la de promover la cooperación comunitaria entre los Estados Miembros frente a los actos punibles que puedan afectarles. No obstante, y como expresión del principio de seguridad jurídica, ello no implica un automatismo genérico en la tramitación de este tipo de procesos.

Más bien al contrario, para que se produzca la entrega se exige que el delito por el que se solicita esté contemplado en la Decisión Marco del Consejo 2002/584/JAI y lleve aparejada una pena superior a 3 años de prisión. En su defecto, el estado requerido debe llevar a cabo un juicio de doble tipificación de los hechos que exige que aquel acto por el que se demanda su entrega sea considerado punible en el estado requerido.

Podríamos concluir que el proceso de entrega europea de detención no abarca cualquier delito. En consecuencia, es un procedimiento especial que se aplica en determinados supuestos de hecho tasados legalmente, mientras que en el resto de supuestos, en puridad, se tramita un procedimiento de extradición como si de un estado extracomunitario se tratare.

Y, en segundo lugar, me gustaría profundizar en la resolución del tribunal belga que denegó la extradición del exconsejero Lluís Puig. Naturalmente, y como no podía ser de otro modo, cualquier resolución judicial debe analizarse desde una perspectiva estrictamente objetiva.

El primer motivo esgrimido por el tribunal belga me parece profundamente opuesto al derecho comunitario y supone una extralimitación funcional del mismo. Carece de toda lógica jurídica que el órgano judicial de un estado pueda entrar a realizar juicios de valoración sobre la asignación competencial de otro estado miembro. Pero es que el segundo motivo tampoco supera los juicios lógicos más elementales. Entiende el tribunal belga que la entrega del exconsejero Lluís Puig no puede producirse porque podría verse afectado por la vulneración de derechos fundamentales tales como la presunción de inocencia. Es decir, ¿un estado miembro está induciendo a pensar que otro estado miembro es vulnerador de derechos fundamentales? Entiendo que carece de toda lógica jurídica y que no ayuda al fin de conformar un espacio comunitario único.  

En definitiva, y para ir concluyendo, el TJUE deberá examinar si el tribunal belga hizo un correcto juicio a la hora de tipificar doblemente los hechos por los que se solicitaba su entrega. Dicho desde otra perspectiva, deberá dilucidar si el delito de sedición o rebelión existía o encontraba paralelismo en el ordenamiento belga.

Aunque es bastante apresurado aventurarse a prever lo que pasará, y en vista que la resolución del TJUE puede demorarse unos dos meses, únicamente puedo avanzar el criterio fijado por el abogado general Athanasios Rantos en un procedimiento casi idéntico al que nos ocupa. En el mismo, asegura que el requisito de doble tipificación de los hechos “no requiere una correspondencia exacta entre los elementos constitutivos del delito ni en la denominación o la clasificación de tal delito”.

De confirmarse la tesis seguida por el abogado general, los exconsejeros y el expresidente de la Generalitat podrían perder la batalla judicial en Europa y tener que someterse a un juicio en España. En caso contrario, podrían empezar a hacer las maletas para su regreso a Cataluña. Sea como sea, el futuro de los políticos independentistas fuera del territorio llega a su fin y solo el tiempo dirá si vuelven libres o con los cargos que pesan sobre ellos. Empieza un nuevo capítulo en el TJUE.

 

 

Pablo de Palacio de Lassaletta

Licenciado en Derecho y Criminología & Seguridad

Actualmente en Palacio Lassaletta Abogados

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2 Comentarios

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#2 Lolo , Barcelona, 19/04/2022 - 23:15

Acabarán juzgados en España. Está escrito. Si se niegan a entregarlos otra vez, entonces Bélgica será condenada a indemnizar a España. Como ocurrió cuando se negaban a extraditar etarras...ante la tozudez belga, el TJUE condeno a Bélgica a pagar indemnizaciones millonarias...jeje...y claro, pusieron a los etarras en el primer vuelo a Madrid!

#1 Barretina a rosca, Black hole, 05/04/2022 - 20:39

No sé si lo he entendido bien, si la resolución del TJUE es favorable a los fugados no pueden ser juzgados en España. ¡Mi no entender!. ¿El TJUE puede decidir que no se haga un juicio a alguien por un supuesto delito tipificado en el código penal de un estado miembro de la UE?