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La Puntita · 12 de Noviembre de 2019. 14:30h.

JAVIER PARDO TORREGROSA

Abogado

Humanismo frente al nacionalismo

Cómo puede ser que Cataluña, durante décadas la vanguardia cultural y política de España, haya perdido parte de su esencia para dejar paso a un nacionalismo decimonónico y excluyente que persigue, en pleno siglo XXI y en el seno de la Unión Europea, volver a la idea de Nación-Estado soberano e independiente, un proyecto no muy alejado del propuesto por Trump o el Brexit, con la diferencia de que en el caso catalán el nacionalismo es comprendido con cierta ternura por parte de la izquierda política, generando ello la creencia de que se trata de una causa progresista.

Cómo puede ser que muchos jóvenes, y no tan jóvenes, crean que España (una de las veinte democracias plenas según el prestigioso índice elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist) es un “régimen autoritario y dictatorial” que reprime al “pueblo de Cataluña”.
Pues bien, respecto a ello, sería conveniente empezar a introducir en el debate sobre “el problema catalán” la diferenciación entre hechos y opiniones, sustituir la emoción por la razón, y recordar cuáles son los principios más elementales y las reglas de juego de una democracia liberal.

Vayamos pues a los hechos. Tal y como avanzábamos, España, con todos sus defectos y problemas, a día de hoy es una de las democracias más avanzadas del mundo, siendo clasificada como Democracia Plena por el mencionado índice elaborado por The Economist. Así mismo, desde 1986 pertenece a la Unión Europea, siendo requisito imprescindible para ser parte ser un Estado Democrático de Derecho.

El derecho internacional NO reconoce ni contempla el derecho de autodeterminación (“dret a decidir”) para casos como el catalán. Cabe recordar que la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1960, se realiza exclusivamente con el fin de garantizar la independencia de los territorios coloniales, tal y como recuerda su Preámbulo: “Reconociendo que los pueblos del mundo desean ardientemente el fin del colonialismo en todas sus manifestaciones”. En este sentido, su punto segundo expresa en relación a los territorios colonizados que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”. No obstante, recuerda de forma clara en su punto sexto que “todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. No siendo por tanto Cataluña una colonia, es evidente que no tiene derecho a la autodeterminación.

España es uno de los Estados más descentralizados del mundo, con un régimen de autonomías que funciona como un sistema federal, disponiendo Cataluña según el propio Estatuto de Autonomía (arts. 116 y siguientes) de competencias en materia de educación, promoción de la cultura y lengua catalana, sanidad, servicios sociales, orden público mediante policía propia, sistema penitenciario, transportes, turismo, entre otras; además de disponer de un derecho civil propio e histórico.

En ninguna de las elecciones autonómicas, generales o europeas el independentismo ha superado la barrera del 50% de los votos. No obstante, debido a que la ley electoral otorga una prima a las provincias menos pobladas, el independentismo dispone a día de hoy de una mayoría absoluta, pero justa, en el Parlamento de Cataluña. Muchas veces este dato es ignorado de forma intencionada por la mayoría del independentismo, el cual se arroga de forma exclusiva la representación del pueblo de Cataluña, obviando la pluralidad de éste. Sorprende que muchos vitoreen la expresión nacionalista “Cataluña es un solo pueblo”. Igual que España, Cataluña es y será una comunidad plural de ciudadanos libres e iguales en la que conviven muchas sensibilidades distintas.

El independentismo utilizó en septiembre y octubre de 2017 dicha mayoría absoluta para iniciar la vía unilateral: derogó de un plumazo la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, organizó un referéndum sin garantías en el que participó supuestamente un 43% del censo de Cataluña, y proclamó la independencia de acuerdo a los supuestos resultados de dicha consulta, sin reconocimiento por parte de la comunidad internacional. Todo ello se realizó de forma contraria al ordenamiento jurídico español.

Es aquí cuando el Estado, cargado de razones, aplica el art. 155 de la Constitución Española a fin de cesar a todo el Gobierno de la Generalitat y demás altos cargos implicados en los actos ilegales, devolviendo a Cataluña al orden constitucional mediante la convocatoria de elecciones autonómicas que tendrían lugar en diciembre de 2017. En dichas elecciones el independentismo revalida la mayoría absoluta sin llegar al 50% de los votos, pudiendo formar gobierno nuevamente sin que por el momento se haya vuelto a quebrantar el orden constitucional.

No obstante, el independentismo sigue manteniendo una política nacionalista que excluye a la mitad de los catalanes y que sería totalmente reprochable en cualquier democracia de nuestro entorno. Quizás la más significativa sea la apropiación de las instituciones, haciendo del independentismo la ideología oficial, de tal manera que se elimina la debida neutralidad del espacio público. Si uno pasea por cualquier ciudad de Cataluña, podrá observar con bastante facilidad simbología independista (pancartas, esteladas y lazos) en multitud de balcones de edificios públicos, en farolas, en plazas públicas, etc. Otro ejemplo sería la clara línea editorial independentista que mantienen los medios públicos catalanes. O el posicionamiento ideológico de Universidades, colegios, empresas o asociaciones públicas en defensa del independentismo. De hecho, es bastante común escuchar en concentraciones independentistas que “las calles serán siempre suyas” y otras proclamas del estilo.

Por último es necesario recordar que las personas que han sido condenadas por sedición, malversación de fondos públicos y desobediencia a raíz de las ilegalidades cometidas en 2017 han tenido un juicio justo por una justicia independiente, tal y como recordaba Xavier Melero (uno de los abogados de la defensa), de acuerdo a las normas penales materiales y formales; y respetando todas las garantías constitucionales y procesales, siendo éstas totalmente homologables a cualquier democracia de nuestro entorno.

Con todo ello no se quiere decir que la gestión política del Gobierno Español durante estos últimos años haya sido brillante, ni mucho menos. Pero sí podemos afirmar que su gestión se ha realizado respetando en todo momento el Estado democrático de derecho.

Una vez aclarado todo lo anterior, quizás sea momento para recordar cuales son los principios de la democracia liberal. Tal y como bien expone el prestigioso profesor de la New York University Joseph H. Weiler, experto en Derecho Constitucional e Integración Europea, la democracia liberal se sustenta en “tres principios distintos pero que deben darse siempre a la vez: los derechos individuales, la democracia y el Estado de Derecho (o rule of law). Por tanto, no es posible la democracia sin respecto a la ley, a los derechos.”

Es decir, bajo ningún concepto se puede aceptar que la democracia pueda consistir únicamente en “la voluntad de la mayoría”. Dicha voluntad de la mayoría debe ir siempre acompañada del respeto a la propia ley democrática y las decisiones judiciales (pues ésta es la expresión de la voluntad de la mayoría), a las minorías y a los derechos individuales de todos los ciudadanos (dignidad humana).

Quizás otro elemento de notable importancia que debamos tener en cuenta, y que vendría en línea con el Principio de Integridad Territorial, uno de los más elementales del Derecho Internacional Público ya citado al exponer el contenido de la Resolución 1514 de la ONU, sea que las democracias determinan cuál es el pueblo (demos) sobre el que recae la soberanía. Es decir, las democracias son indivisibles, de tal manera que la mayoría lo es respecto a un pueblo no divisible y delimitado al que llamamos Estado, en este caso España.

Cosa distinta es que la democracia española, como tantas otras, hayan decidido descentralizar su poder, de tal manera que, tanto las Comunidades Autónomas como las Administraciones Locales, dispongan de competencias sobre las que pueden decidir de acuerdo a las mayorías que existan en cada nivel territorial. Es decir, las decisiones que adopte la mayoría en una Comunidad Autónoma o en un Ayuntamiento únicamente podrán versar sobre las competencias que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, le sean atribuidas. Por consiguiente, la mayoría de la población catalana (que en este caso ni si quiera llegaba al 50%) no puede imponer su planteamiento político para las cuestiones que se encuentren fuera de las propias competencias que dispone, y mucho menos tomar la decisión de proclamar la independencia de dicho territorio.

Si admitiéramos por el contrario que una democracia es divisible, nos encontraríamos con la absurda e irresoluble situación de que cualquier unidad territorial más pequeña podría siempre reclamar la secesión de forma unilateral, llegando a atomizar por completo el sistema actual de Estados, lo cual comportaría la desaparición de la propia democracia; pues cualquier comunidad más pequeña que no esté conforme con la decisión de la mayoría adoptada por el conjunto del pueblo en el que esté integrada dicha comunidad podría adoptar la decisión de separarse.

En línea con lo anterior, debemos recordar que bajo una misma democracia pueden convivir varias identidades culturales y nacionales. Ello no implica que deba existir uniformidad, motivo por el cual los Estados en los que conviven varias identidades, como es el caso español, tienden descentralizar el poder, de tal manera que las comunidades que integran el Estado puedan disponer de competencias para proteger y promocionar su cultura, lengua y tradiciones. Dicho en palabras de Marlene Wind, profesora de Ciencias Políticas y de Derecho Público en las universidades de Copenhague y Oslo: “no hay contradicción en mantener una identidad y al mismo tiempo formar parte de algo grande. Eso ha ocurrido, por cierto, en Cataluña: ha preservado su lengua y su cultura, aunque forme parte de algo mayor. No hace falta construir muros para preservar una cultura”.

De hecho, en muchos Estados europeos conviven varias comunidades culturales, lingüísticas e incluso religiosas, debido a la propia complejidad de la historia europea; siendo realmente muy pocos los que mantienen una única identidad. Proponer que todas estas comunidades que constituyen Europa, quizás más de doscientas, puedan autodeterminarse y construir su propio Estado-Nación supondría volver a la vieja idea de nacionalismo excluyente que busca construir una Europa basada en la limpieza étnica, o en este caso, cultural, lingüística o religiosa.

Es más, las democracias europeas, tras la II Guerra Mundial, horrorizadas por los estragos del nacionalismo, quisieron ir en dirección contraria y realizar un esfuerzo titánico al iniciar un proyecto de integración europea mediante el cual los Estados han ido cediendo parte de su soberanía a la Unión, quizás con la esperanza de que algún día veamos los “Estados Unidos de Europa”, sin perder de vista que el viejo continente está formado por multitud de identidades culturales y nacionales.

Son muchos los intelectuales, actores políticos o líderes religiosos que en el siglo XX quisieron marcar una diferencia conceptual entre patriotismo y nacionalismo. Muchos recuerdan el contundente discurso de Mitterrand, en el que afirmó que “el nacionalismo es la guerra”. Romain Gary, escritor y diplomático francés de origen judío-lituano, escribió un ensayo publicado en 1965, Pour Sganarelle, en el que indicó que “el patriotismo es el amor de los propios. El nacionalismo es el odio de los demás” siendo ello recordado por varios Presidentes de la República Francesa.

En esta línea, Juan Pablo II en un discurso ante la ONU en 1995 expuso lo siguiente: “Es necesario aclarar la divergencia esencial entre una forma peligrosa de nacionalismo, que predica el desprecio por las otras naciones y culturas, y el patriotismo, que es, en cambio, el justo amor por el propio país de origen. Un verdadero patriotismo nunca trata de promover el bien de la propia nación en perjuicio de otras. En efecto, esto termina por acarrear daño también a la propia nación, produciendo efectos perniciosos tanto para el agresor como para la víctima. El
nacionalismo, especialmente en sus expresiones más radicales, se opone, por tanto, al verdadero patriotismo, y hoy debemos empeñarnos en hacer que el nacionalismo exacerbado no continúe proponiendo con formas nuevas las aberraciones del totalitarismo.”

Stefan Zweig también escribió al final de su vida, cuando había perdido la esperanza en Europa, una dura referencia al nacionalismo exacerbado del siglo XX: “Por mi vida han galopado todos los corceles amarillentos del Apocalipsis, la revolución y el hambre, la inflación y el terror, lasbre, la inflación y el terror, las epidemias y la emigración; he visto nacer y expandirse ante mis propios ojos las grandes ideologías de masas: el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea.”

Pese a todas estas referencias negativas al nacionalismo por parte de los intelectuales y líderes europeos tras la II Guerra Mundial, en España el nacionalismo localista o regionalista goza de cierto prestigio moral y es admitido por muchos como una ideología progresista. Quizás esa comprensión misericordiosa por parte de la izquierda política se deba a que juntos lucharon contra la dictadura franquista. No obstante, esa izquierda debería madurar, superar el franquismo y asumir que no es posible construir una sociedad plural y abierta en Cataluña desde el nacionalismo.

Ahora bien, también convendría matizar que el nacionalismo catalán no puede ni debe ser combatido desde un nacionalismo español que persigue uniformidad. Por tanto, será necesario también defender el autogobierno, el cual ha permitido que Cataluña pueda tomar sus propias decisiones en relación a la protección y promoción de su cultura, lengua y tradiciones. Es evidente que para preservar el autogobierno es imprescindible que los políticos catalanes sean respetuosos con el ordenamiento constitucional y estatutario, respeten la pluralidad de la sociedad catalana, además de la neutralidad de las propias instituciones públicas. Sólo así será posible que Cataluña pueda proteger y desarrollar su propia identidad cultural, sin olvidar su profunda vocación hispánica y europea.

Será necesario pues combatir el nacionalismo a nivel cultural y político, con la fuerza de la razón, los principios de la democracia liberal y los valores del humanismo que hicieron posible la construcción europea. Quizás el constitucionalismo español deberá apostar claramente por fomentar la unión en la diversidad de los distintos pueblos que conforman las Españas y hacer un mayor esfuerzo para transmitir a la sociedad catalana esos valores humanistas que han llevado a Europa a disfrutar del mayor periodo de paz, libertad y prosperidad.

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4 Comentarios

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#2 pepe, andorra, 19/11/2019 - 13:04

no es humanismo contra nacionalismo, es patriotismo contra globalismo y ahora mismo, estamos en guerra, una guerra de baja intensidad y sin armas tradicionales. Ahora se usa el soborno, la calumnia, las falsedades, el chantaje y las amenazas. Los tanques y aviones solo son excusas para sacarle la pasta al contribuyente.

#1 Pepe, Alacant, 15/11/2019 - 12:23

El nacionalismo es una droga política que causa una euforia extraordinaria, por eso tratar de razonar con un adicto para que la abandone, es inútil. Ahora bien, como cualquier droga, sólo cuando su destrucción se evidencia en toda su crudeza, obliga a los adictos a ser conscientes de ella.

#1.1 pepe, andorra, 19/11/2019 - 13:03

el nacionalismo es un arma q usan unos países contra otros. Y ni siquiera el 5 de mayo de 1945 muchos alemanes vieron la realidad y prefirieron suicidarse al descubrir la verdad. Y cuando no se puede razonar, llegan las guerras y las sonrisas del conglomerado industrial y militar estadounidense, q ya avisaba IKE de lo q se nos venia encima.

#1.2 Pepe, Alacant, 19/11/2019 - 17:45

Creo que lo has entendido mal, en general, los alemanes que se suicidaron, no lo hicieron por la vergüenza de haber sido nazis, sino porque no soportaban tener que vivir en un sistema que no fuera el nazi. Para ejemplo el asesinato de la familia Goebbels.