La Puntita · 11 de Marzo de 2022. 19:49h.

PABLO DE PALACIO

Licenciado en Derecho y Criminologia & Seguridad

Intervencionismo estatal

Estas últimas semanas están siendo altamente angustiosas. Las noticias que llegan de Ucrania no son alentadoras y los indicadores de nuestra economía tampoco favorecen la esperanza. Sin embargo, en nuestra casa siguen produciéndose acontecimientos que no deben quedar desatendidos en la medida en que suponen un grave perjuicio para nuestra ciudadanía.

Ayer, entre conexiones con corresponsales que siguen la invasión rusa de Ucrania desde primera línea de combate y aquellos que lo hacen desde los destinos del éxodo masivo de refugiados, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco de una noticia de última hora: ¡el Tribunal Constitucional había anulado parcialmente la ley de la vivienda catalana!

Como recordarán, el Parlamento catalán aprobó en el mes de septiembre de 2020 – tras la vuelta del primer verano post pandemia – una ley por la que se congelaban las rentas de los arrendamientos y se establecían unos criterios para la determinación de las mismas en las zonas tensionadas. El Partido Popular se alzó contra la misma y la recurrió ante el Tribunal Constitucional por presunta invasión de competencias.

Imaginarán ustedes el revuelo que esta decisión del máximo intérprete de la Constitución generó entre nuestra clase política. Los partidos independentistas y comunes cargaron duramente contra los togados al considerar que se entrometían en cuestiones que favorecían a la ciudadanía catalana y que habían sido tomadas por cargos electos del pueblo. Otros, por el contrario, defendían la legitimidad del Constitucional para anular la norma y aplaudían el fallo.

Yo no entraré a valorar este juego político entre la crítica y la contra crítica. Y no lo haré porque – aun considerándolo necesario en la medida en que es símbolo de pluralismo político y democracia – creo que hay un elemento que es sustancialmente más importante y al que no se le ha prestado la más mínima atención.

El debate entre competencias es muy interesante, pero en ningún caso debe nublar la gravedad del intervencionismo del poder público en las relaciones de derecho privado, algo que nadie ha denunciado y a lo que todos los catalanes nos aquietamos sin el más mínimo reproche.  

Nuestro derecho civil estatal – también los derechos forales – se configuran como ordenamientos eminentemente privados en los que rige la libertad de pactos. La traducción de ello quiere decir que el poder público no puede meter sus garras dentro de una relación jurídica inter partes.

Ahora bien, el Parlamento catalán en el año 2020 – y ahora el Congreso de los Diputados con la nueva ley de la vivienda que está a punto de aprobarse – se toman el derecho de quebrantar uno de los principios contractuales más elementales y antagónicos del derecho privado sin que ningún colectivo se alce en su contra o les exija responsabilidad. Y lo hacen porque pactan que la renta de los contratos de arrendamiento deberá establecerse con arreglo a unas normas determinadas, asumiendo que las rentas no podrán ser superiores a las de los contratos formalizados en los últimos 5 años.
 
Pero es que lo que es todavía más inverosímil es que se auto facultan a sí mismos para sancionar infracciones derivadas de una relación de derecho privado. Es decir, para que nos entendamos, es como si ahora la Agencia Tributaria pudiera sancionar a un vecino que no abona las cuotas de la Comunidad de Propietarios. Un auténtico contrasentido y que demuestra la falta de rigor de quienes nos gobiernan.

Creo sinceramente que los gobernantes deberían – de una vez por todas – asumir que el deber de cumplir con el derecho a una vivienda digna no puede repercutirse en los propietarios que buenamente y con su esfuerzo han conseguido adquirir propiedades. Es un acometido que incumbe a las administraciones públicas y, tal vez, sería cuestión de mejorar las políticas de gasto público y destinar el dinero de las arcas a las necesidades evidentes de la población: por ejemplo, la vivienda.

Sin embargo, es más sencillo sacarse lastre de encima, cargar la losa en los propietarios e intervenir en sus relaciones de derecho privado con reserva de facultad sancionadora para el caso que incumplan algunas de sus imposiciones. Es decir, un intervencionismo absoluto agravado con una coacción sancionadora.

Me permitirán acabar diciendo que el sentido de las sanciones de derecho público tiene un componente represivo y un componente preventivo. Ahora bien, en una relación de derecho privado donde por ley rige la libertad de pactos, ¿Qué legitimidad tiene el poder público para reprimir algo que las partes han acordado libremente? En ese caso, igual que el Estado ejerce el ius puniendi [derecho al castigo o derecho penal], los ciudadanos deberíamos alzarnos y exigir poder pactar libremente las penas que a cada uno le parecieran correctas para los delitos cometidos. Sería el mundo al revés.

Los demócratas tenemos la obligación de exigir al Estado que saque sus zarpas de las relaciones privadas, que no se entrometa en el derecho a la libre contratación, que mejore las políticas de gasto público y, que en vez de cubrirse la espalda cargando la losa del derecho a la vivienda sobre la ciudadanía, empiece a asumir su responsabilidad sin mirar hacia otro lado.

Pablo de Palacio

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