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La Puntita · 31 de Agosto de 2021. 19:50h.

ELOY MENDAÑA PRIETO

Jurista

La sentencia condenatoria de Baltasar Garzón

Hace unos días, en pleno mes de agosto, se publicó una escueta noticia relativa a que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había declarado que el juicio y posterior sentencia condenatoria del juez Baltasar Garzón dictada por el Tribunal Supremo había sido arbitraria, señalando unos medios de comunicación que esa arbitrariedad se basaba en que el Tribunal no había sido independiente, otros en que el Tribunal sentenciador no había respetado la presunción de inocencia y otros que le había privado de poder recurrir a una segunda instancia. El citado Comité pide, además, una reparación efectiva para el condenado, lo que equivale a pedir la reintegración de Baltasar Garzón a la Carrera Judicial, esto es, a ser juez nuevamente. Pocos días después, el Ministerio de Justicia ha reaccionado manifestando que estudiara el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El hecho que la noticia parta del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas da aparentemente a la misma noticia un marchamo de veracidad y de credibilidad, pero -al igual que todas las noticias- se ha de ser crítico con ella.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es un Tribunal Internacional, sino que es un órgano creado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, integrado por expertos propuestos por los Estados miembros de las Naciones Unidas, que deben actuar con independencia, cuyo objeto es supervisar la aplicación de los derechos reconocidos en el Pacto que lo creo, es decir, vigila el ejercicio de los derechos civiles y políticos recogidos en dicho Pacto Internacional y, por tanto, su función se limita a señalar las vulneraciones de los mismos que pudieran haberse cometido por esos Estados.

En consecuencia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no puede afirmar que un juicio es arbitrario, sino que debe limitarse a señalar que en dicho juicio se han vulnerado uno o varios derechos de los reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Han transcurrido casi diez años desde la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en la que se condenaba al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación. Casi se han olvidado los hechos que configuraban ese delito de prevaricación, pero no es mi intención recordarlos. Solo quiero transcribir dos artículos que escribí porque me los solicitaron para ser publicados en la revista de una Fundación, que no se si existe hoy día, porque creo que no han perdido actualidad en relación con la noticia con la que comienzo estas notas. Despues de leerlos, cada cual que opine libremente.

De esos dos artículos, el primero -De que se acusa a Baltasar Garzón- haría que matizarlo solo en el sentido de que de todos los hechos presuntamente delictivos por los que fue investigado el juez Garzón, solo llego a juicio aquellos que podían integrar el delito de prevaricación.

El primer artículo fue publicado el 1 de junio de 2010, bajo el título: ¿DE QUE SE ACUSA A BALTASAR GARZON? Y decía:

El juez más conocido de este país, Baltasar Garzón, va ser juzgado próximamente por el Tribunal Supremo, pero ¿por qué hechos presuntamente delictivos va a ser juzgado?

La gran mayoría de los medios de comunicación social, tanto de este país como de fuera, publican informaciones y opiniones en las que se afirma que se le va a juzgar por haberse atrevido a abrir un procedimiento penal para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, señalando además que, pese al tiempo transcurrido, estos crímenes no han prescrito porque se trata de delitos de genocidio y estos, según los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por España, no prescriben nunca. Y esta idea es la que ha calado en la opinión pública, que no entiende cómo puede juzgarse por esto a un juez tan valiente y honesto y de ello extraen, como lógica consecuencia, que el sistema judicial español y, en concreto, el Tribunal Supremo es retrogrado y -en palabras de un conocido fiscal jubilado- fascista.

Los medios de comunicación social de este país publican también opiniones de personas del ámbito jurídico que expresan otras ideas en defensa de la corrección de la actuación realizada por el juez Garzón, ideas que básicamente giran en torno al argumento de que la interpretación de las normas legales en que se ha fundado el citado juez para abrir un procedimiento penal para investigar los crímenes del franquismo es jurídicamente razonable, por lo que su actuación podrá ser discutible pero nunca se podrá tildar de delictiva el mantener una interpretación razonable de las leyes, aun cuando esta interpretación sea minoritaria

Ninguna de estas informaciones y opiniones se ajusta a la realidad, pues el juez Garzón no va a ser juzgado por atreverse a investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista ni tampoco por haber actuado en base a una interpretación minoritaria y razonable de normas legales. Va a ser juzgado por un presunto delito de prevaricación, un delito propio de jueces que cometen por el hecho de haber dictado sentencia o resoluciones injustas. Y en las próximas líneas voy a intentar explicar lo que es el delito de prevaricación y los hechos presuntamente prevaricadores que se imputan al juez Baltasar Garzón a fin de que el lector pueda estar adecuadamente informado.

El artículo 446 del Código Penal vigente, aprobado por las Cortes en el año 1.995, considera que existe prevaricación cuando "un juez o magistrado, a sabiendas, dictare una sentencia o resolución injusta", fijando como pena para tal conducta la de multa y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, pena que la agrava cuando esa resolución injusta se haya dictado contra el acusado en una causa criminal.

¿Qué se entiende jurídicamente por "a sabiendas" y por "injusta"? La respuesta a esta pregunta la haré en base a las declaraciones previas contenidas en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El "a sabiendas" significa que el juez o magistrado ha de tener plena conciencia, esto es, ha de saber que la resolución que dicta se aparta totalmente del principio de legalidad y de las interpretaciones razonables en Derecho en el caso de que la norma aplicable fuera susceptible de varias interpretaciones.

La "injusticia" de una decisión judicial expresada en una sentencia o en una resolución no se puede valorar en función del concepto subjetivo que cada juez o magistrado pueda tener de la justicia ni tampoco en función de que la sentencia o la resolución se funde en una interpretación razonable de las normas legales aplicables distinta a la que pueda mantener otro persona, ya sea quienes integran un Tribunal o ya sea algún experto jurídico, sino que el concepto de injusta ha de objetivarse, de manera que se identifica con ser contraria a la legalidad vigente o, en palabras del Tribunal Supremo contenidas en una sentencia de 28 de junio de 2.004, "cuando de modo claro y evidente, sin posibilidad de duda alguna al respecto, la resolución de que se trate carece de toda posible explicación razonable, es decir, cuando es a todas luces contraria a Derecho, porque su contenido, incluso en el supuesto de más favorable interpretación de la norma aplicable al caso o de las pruebas concurrentes, no se comparece con lo ordenado por la ley, pudiendo referirse tal ilegalidad así cualificada, tanto a aspecto de procedimiento como a materiales, ya se trate de cuestiones de calificación jurídica, ya de problemas de hecho o de apreciación de la prueba".

En definitiva, el Código Penal vigente considera que existe prevaricación cuando un juez o magistrado dictare, con conciencia y voluntad, una sentencia o resolución contraria a la legalidad vigente, lo cual es plenamente lógico si se tiene en cuenta que los jueces y Tribunales están sometidos a la ley y han de actuar conforme a ella en garantía fundamentalmente de la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho y de las personas.

¿Cuáles son las resoluciones dictadas por el juez Garzón presuntamente prevaricadoras? La respuesta a esta pregunta requiere una previa explicación sobre los casos que la ley atribuye a un Juzgado Central de Instrucción, esto es, sobre lo que se conoce jurídicamente como la competencia que legalmente tiene un juez central de instrucción.

Un Juzgado de Instrucción, ya sea central o dependiente de la Audiencia Nacional o ya sea territorial o dependiente de la Audiencia Provincial correspondiente, tiene como función básica la realización de expedientes de investigación (llamados sumarios y diligencias previas) sobre hechos que revistan los caracteres de delito, pero no todo Juzgado de Instrucción tiene atribuida competencia para el conocimiento de cualquier delito, sino que la regla general es que su competencia está en función de un criterio de territorialidad, esto es, por razón del lugar donde se han cometido o descubierto los hechos o la mayoría de los hechos presuntamente delictivos; sin embargo, la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción se configura legalmente de manera diversa, es decir, en función del tipo de delito, de manera que estos Juzgados solo tienen atribuidas funciones de investigación respecto de aquellos delitos que están enumerados en la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre los que se encuentran los delitos cometidos contra "los altos organismos de la nación y forma de gobierno", pero no los delitos de asesinato, homicidio y genocidio.

Tras esta explicación técnico-jurídica, es posible hacer un sucinto y breve relato de los hechos acaecidos y de las decisiones -resoluciones- tomadas por el juez Garzón por las que ahora se le imputa la comisión de presunto delito de prevaricación, hechos que decisiones que son en su mayor parte conocidas por la opinión pública.

Una asociación de víctimas del franquismo y otras personas formularon en el año 2.006 un total de siete denuncias por hechos delictivos cometidos durante la dictadura franquista, denuncias que dan pie al juez Garzón para abrir ese mismo año un expediente de investigación penal, pero no concretó el objeto o delitos a los que se circunscribía tal investigación y decidió no hacer actuaciones de investigación, pero una vez aprobada en el año 2.008 la Ley de la Memoria Histórica decide, en contra del informe del Ministerio Fiscal que considera que no es competente, activar ese expediente de investigación penal que había abierto en el año 2.006 con el argumento -copiado del utilizado hace años en Argentina y Chile para obviar las leyes de punto final hechas que por las dictaduras militares de esos países- de que al existir personas desaparecidas, de las que se desconocía su existencia y situación, existen hechos delictivos que no están amparados por la Ley de Amnistía de 1.977, ya que esta se refiere a "delitos cometidos" y en tanto no se sepa la situación y paradero de tales personas se está cometiendo un delito -que sería de detención ilegal-, dictando seguidamente una serie de resoluciones judiciales recabando diversa información de distintas instituciones, principalmente con el objeto de localizar las fosas comunes donde se encontraban los cuerpos de esas personas desaparecidas y que habían sido fusiladas o muertas durante la guerra civil. Mientras tanto, el Ministerio Fiscal recurrió ante la Audiencia Nacional la competencia del juez Garzón, como juez central de instrucción, para llevar a cabo tal investigación penal, que le dio la razón y declaró que el juez Garzón no era competente para realizar tal investigación, aunque paralelamente a esto el juez Garzón se reconoció incompetente y, troceando el expediente de investigación que había abierto en el año 2.006 y activado en el año 2.008, lo remitió por partes a los Juzgados de Instrucción territoriales que considero competentes.

Así pues, lo que el Tribunal Supremo ha de juzgar es si el juez Garzón, al dictar resoluciones consistentes en abrir un expediente de investigación penal sobre hechos delictivos sobre los que legalmente no tiene competencia y acordar actuaciones de investigación sobre tales hechos, cometió o no un delito de prevaricación judicial.

No quiero finalizar este pequeño artículo sin hacer una doble reflexión respecto a dos cuestiones que han sido aireadas por los medios de comunicación social.

La primera, la critica que se hace por el hecho de que quien acusa al juez Garzón son partidos políticos (Falange Española) o sindicatos (Manos Limpias) minoritarios y situados en la ultraderecha del espectro político y sindical y que el Ministerio Fiscal, como defensor que es y debe ser de la legalidad, no le acuse. Ciertamente, esto hace que pueda parecer una persecución del juez Garzón por parte de la ultraderecha, pero también es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico se permite que cualquier persona, haya sido o no víctima de un delito, pueda acusar de este delito a aquella persona que considera responsable del mismo, incluso aunque el Ministerio Fiscal no lo haga. Guste o no guste, quienes acusan al juez Garzón están ejercitando un derecho que la ley les otorga y no se puede privar del mismo por el mero hecho de calificar a quien lo ejercita como perteneciente a la ultraderecha. La ley -dice la Constitución- es igual para todos.

La segunda, la manifestación de que los crímenes del franquismo constituyen un delito de genocidio y como tal no están prescritos, por lo que pueden ser objeto de una investigación judicial en la actualidad. No voy a entrar en la discusión, suscitada por algunos defensores del juez Garzón, sobre si los crímenes del franquismo pueden o no calificarse de genocidio, entendiendo este delito -según el Código Penal- como la producción de muertes, lesiones, agresiones sexuales y desplazamientos forzosos a personas con el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y tampoco si estaría o no prescrito según la legislación española (según los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por España el genocidio es imprescriptible). Solamente diré que el delito de genocidio aparece por primera vez en el llamado Juicio de Nuremberg celebrado contra los jerarcas nazis y cristaliza en Convenios y Tratados Internacionales en la década de los años cincuenta del pasado siglo, juntamente con un principio básico del Derecho Penal propio de un Estado de Derecho: la prohibición de aplicar retroactivamente los delitos, esto es, la no imputación por delitos que no existían en el momento de cometerse los hechos, bien porque esos hechos eran entonces permitidos o bien porque esos hechos tenían también entonces una calificación delictiva distinta. Y a esto debería añadir que aunque el delito de genocidio es imprescriptible, si puede ser objeto de amnistía.

Mi intención al escribir este artículo es poner aclarar al lector cuales son los hechos presuntamente delictivos que se imputan al juez Garzón y por los que va a ser juzgado próximamente por el Tribunal Supremo; he intentado -y no sé si lo abre conseguido- hacer una exposición que, siendo tecnico-juridica, pueda ser comprensible para cualquier lector no experto en Derecho y que le sirva para conocer la realidad de este próximo juicio, que al estar rodeado de una polémica muy politizada, lo desvirtúa hasta extremos que resultan irreconocibles incluso para quienes son expertos en Derecho, de manera que parece que en ese juicio se juzgara algo distinto a lo que realmente será objeto del mismo.

Dejo para otra ocasión, si es que la hay, las explicaciones tecnico-juridicas de los otros procedimientos de investigación que actualmente tiene abiertos el juez Garzón por los presuntos delitos de cohecho (caso Santander) y de prevaricación (caso intervenciones telefónicas en Gurtel).

El segundo artículo fue publicado el 25 de enero de 2.012, bajo el titulo ¿CULPABLE O INOCENTE? Y decía:
Se acaba de juzgar ante el Tribunal Supremo al juez español más famoso, el juez Baltasar Garzón, acusado de un delito de prevaricación por haber ordenado la intervención de las comunicaciones entre presos preventivos (personas imputadas por la presunta comisión de hechos delictivos graves, pero aún no juzgadas ni condenadas) y sus abogados defensores (personas que no estaban imputadas de ningún delito y que sólo se limitaban a ejercer su profesión de abogado defendiendo sus clientes en prisión provisional).

No s’ha manifestat cap persona al carrer expressant la seva conformitat amb el judici –parlo només del fet de sotmetre un jutge a judici per actes duts a terme en l’exercici de la seva professió–, tot i que el judici és una demostració del sotmetiment de totes les persones a la Constitució i a l’ordenament jurídic vigent i especialmente d’aquelles que exerceixen càrrecs públics, tant polítics com judicials. Darrerament s’estan produint i están coincidint moltes i grans demostracions d’aquesta normalitat democràtica, perquè també estan sotmeses a judici dues persones que han exercit càrrecs polítics –presidents de dues comunitats autònomes– i està sotmès a una investigació criminal un familiar agnatici de l’actual cap de l’Estat.

En canvi, un grup no massa nombrós de persones es va manifestar davant del Tribunal Suprem per expressar el seu desacord amb el judici a què era sotmès el jutge Garzón perquè consideren que se l’està sotmetent a un judici polític per haver lluitat contra el terrorisme de tota mena, contra la corrupció i contra les dictadures feixistes. Els manifestants guarden un silenci sepulcral sobre el delicte –la prevaricació– pel qual es jutja Garzón, però aquest silenci i la raó del seu desacord manifest fan palès que per a ells tota actuació judicial del jutge Garzón és vàlida perquè és una manifestació de la seva lluita constant contra el terrorisme, la corrupció i el feixisme.

És ara, un cop ha finalitzat el judici i quan restem a l’espera de la sentència corresponent, que es pot explicar clarament –i s’ha de fer– tant els fets presumptament delictius dels quals era acusat el jutge Garzón com l’estratègia de defensa que ha mantingut i utilitzat, òbviament fent abstracció de la seva trajectòria professional.

El tribunal, en un judici penal com el judici al qual s’ha sotmès el jutge Garzón, no jutja un persona, sinó uns determinats actes realitzats per aquesta persona. En aquest cas, aquests actes eren molt clars, tan clars que ningú no en discuteix l’existència ni la realitat. Vet aquí la raó per la qual la gran majoria de les proves proposades per la defensa del jutge foren rebutjades pel Tribunal, ja que aquestes proves no perseguien acreditar fets sinó fer valoracions jurídiques sobre els fets mateixos o valoracions personals sobre l’acusat. Aquests actes es redueixen exclusivament a l’ordre dictada pel jutge Garzón –expressada a través d’una resolució judicial raonada i motivada, anomenada auto– perquè fossin intervingudes o escoltades i gravades totes les converses que mantinguessin les persones ingressades preventivament en un centre penitenciari com a imputades per una presumpta comissió de fets que, genèricament, es podrien qualificar com a delictes de corrupció i blanqueig de diners i els seus advocats defensors. I allò que jutja el Tribunal és si l’ordenament jurídic permet o no a un jutge, sigui qui sigui, ordenar una intervenció de comunicacions com aquesta.

La llei permet als jutges d’instrucció –és a dir, als jutges que de conformitat amb la llei estan facultats per a la investigació dels delictes– que puguin acordar d’una manera motivada l’ingrés en un centre penitenciari del presumpte responsable dels fets aparentment delictius que investiguen, i també la seva incomunicació amb altres persones o la intervenció de les seves comunicacions amb altres persones, tret, en aquest últim cas, de les comunicacions amb els seus advocats defensors, llevat que –aquesta és l’excepció de l’excepció– s’investiguin actuacions aparentment constitutives de delictes de narcotràfic i de terrorisme. Per tant, els jutges d’instrucció no tenen un poder omnímode per intervenir les comunicacions, atès que el seu poder s’atura davant del dret constitucional de defensa dels imputats, del qual forma part integrant i necessària la comunicació lliure i secreta de l’imputat amb el seu advocat defensor.

Els qui jutgen el jutge Garzón sostenen que va prevaricar –va dictar una resolució judicial injusta o contrària a l’ordenament jurídic, que constitueix realment el delicte més greu que professionalment pot cometre un jutge– quan va ordenar intervenir les comunicacions entre els imputats que estaven presos preventivament per una presumpta comissió de delictes de corrupció i blanqueig de diners i els seus advocats defensors, atès que no estava legalment facultat per fer-ho. Per tant, la seva ordre és clarament injusta o contrària a l’ordenament jurídic, ja que aquest és tan clar i rotund en aquest punt que no hi ha cap possibilitat de justificar una actuació com aquesta per mitjà d’una interpretació raonable de l’ordenament jurídic.

El jutge Garzón s’ha defensat en aquest cas –com en els altres casos pels quals se’l jutjarà o pels quals està sent encara investigat– d’una manera mediàtica, aprofitant-se de la seva trajectòria professional, i mitjançant el que es denomina «argúcies processals», ben conegudes per tothom (recusar magistrats que haurien format part del tribunal que l’anava a jutjar o denunciar el fet que no té dret a una segona instància pel fet de ser jutjat pel
Tribunal Suprem com a aforat –això li passa a tothom que és jutjat penalment en aquest país, tot i que no sigui el Tribunal Suprem qui jutgi).

La veritable estratègia de defensa del jutge Garzón davant d’aquesta imputació desenvolupada dins del judici pivota sobre dos punts –ja que no pot negar l’autoria de l’ordre d’intervenció de les comunicacions– que tenen
en comú el fet de basar-se en una justificació de la seva actuació. En primer lloc, pretén justificar aquesta ordre en la prevenció de delictes de blanqueig de diners realitzada per una organització criminal. En segon lloc, pretén justificar aquesta ordre en la no-vulneració del dret constitucional de defensa de les persones imputades perquè –diu– no va ordenar intervenir les comunicacions dels advocats defensors i va suprimir o expurgar de les gravacions allò que afectava al dret esmentat.

Aquestes dues justificacions semblen justificacions de pes per a qualsevol persona que ignori o desconegui l’ordenament jurídic i, en concret el dret penal, però no per als qui el coneixen. El Dret Penal, el Codi Penal vigent, eximeix de responsabilitat penal la persona que comet un fet aparentment delictiu quan concorri alguna de les causes que de manera taxada enumera com a eximents (aquest seria el cas del qui mata una persona en legítima defensa de la seva pròpia vida o de la vida d’un parent o d’una persona estranya) i la qüestió que plategen les justificacions en què es basa l’estratègia defensiva del jutge Garzón és si aquestes tenen cabuda en alguna de les eximents que enumera el Codi Penal.

L'única eximent en què podrien tenir cabuda aquestes justificacions és la que fa referència al compliment d'un deure o a l'exercici d'un dret i això condueix a les preguntes següents: ¿Els jutges d'instrucció tenen el deure legal d'impedir que es cometin delictes? ¿Els jutges d'instrucció tenen dret a realitzar qualsevol actuació, fins i tot en contra de l'ordenament jurídic, per prevenir la comissió de delictes?

El tribunal que jutja el jutge Garzón, a la vista de l'acusació realitzada i de l'estratègia de defensa practicada i atès que no hi ha problema probatori sobre el fet que Garzón ordenés la intervenció de comunicacions entre persones imputades i els seus advocats defensors, només ha de trobar una resposta fundada en l'ordenament jurídic a qualsevol d'aquestes dues preguntes. Si la resposta és positiva, el resultat serà l'absolució del jutge acusat ja que la seva ordre estaria legalment justificada; en canvi, si la resposta és negativa, el resultat serà la condemna del jutge Garzón ja que no hi hauria cap justificació legal que empari la seva actuació.

Jo, personalment i com a simple ciutadà que coneix l'ordenament jurídic, considero que no hi ha cap justificació legal en què es pugui emparar l'actuació del jutge Garzón, perquè en el fons les justificacions defensives que esgrimeix constitueixen la consagració del principi que «el fi justifica els mitjans», consagració que suposaria la ruptura total de l'estat de dret,

He deixat per al final una altra justificació defensiva també esgrimida pel jutge Garzón: que la seva actuació fou legítima perquè el Ministeri Fiscal no l'acusa i perquè altres jutges prorrogaren les intervencions que va acordar o n'acordaren unes altres d'idèntiques. I l'he deixada per al final perquè aquesta justificació no té res de jurídica, és merament comparativa i s'ha d'emmarcar en aquella defensa mediàtica que ha realitzat el jutge Garzón: a mi només m'acusen els qui he perseguit i no qui defensa la legalitat (el Ministeri Fiscal).

Aquesta justificació, que s'escolta sovint en altres àmbits, equival a afirmar que l'actuació d'una persona, encara que sigui il•legítima, no s'ha d'enjudiciar perquè n'hi ha d'altres que fan el mateix i no són enjudiciades. Aquest raonament va més enllà de l'estat de dret perquè va en contra de la convivència social pacífica, ja que en el fons equival a dir que es pot matar i robar impunement perquè n'hi ha d'altres que també maten i roben i ningú no els persegueix.

Només em resta afegir-hi unes puntualitzacions sobre aquesta darrera justificació defensiva. D'una banda, el Ministeri Fiscal no té el monopoli de l'acusació penal, que també poden exercitar –i de fet exerciten sovint– els ciutadans en general (siguin o no perjudicats pel delicte), ni tampoc no té el monopoli de la veritat jurídica –que el Ministeri Fiscal no acusi perquè consideri que l'actuació del jutge jutjat era legítima no implica que això sigui
una veritat absoluta. D'altra banda, no és possible posar en un mateix pla d'igualtat les actuacions d'altres jutges d'instrucció en aquest mateix cas per la simple raó que s'haurien de conèixer amb exactitud els supòsits i les motivacions expressades en què es produïren les decisions d'intervenció de les comunicacions.

Sigui quina sigui la sentència que es dicti, aquest judici és demostratiu que l'immens poder que l'estat de dret atorga als jutges d'instrucció, i en general a tots els jutges, ha de ser exercitat sense extralimitacions de cap mena i que és un exercici de democràcia sotmetre a judici un jutge sobre el qual existeixen indicis racionals que s'ha excedit en l'exercici del poder que se li confia.

Eloy Mendaña Prieto, jurista

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2 Comentarios

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#1 Doctor, Barcelona, 31/08/2021 - 21:33

Garzon prevaricó pues en el año 1998 archivó la querella y acusó a sus promotores de «mala fe procesal» cuando la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama pretendió sentar en el banquillo a Santiago Carrillo, aplicación de distintos raseros a hechos de parecida naturaleza

#1.1 pepe, andorra, 09/09/2021 - 11:46

tendrá muchos amigos globalistas y todo eso, pero es divertido ver al alguacil alguacilado......Garzon es de lo peor q puede haber en la judicatura y menos mal q su sensación de impunidad le metió en esa chorrada por lo q le echaron, es interesante pq mediante los apoyos a este señor, se pueden detectar los medios q mas propaganda y mentiras lanzan