Tres exconsejeros de la Generalitat pasaron el otro día por el Supremo: Jordi Jané, Meritxell Ruiz y Jordi Baiget.
Soy agnóstico pero a fe de Dios que no quiero ver a nadie sentado en el tribunal, ni siquiera como testigo.
Aunque parecía que sólo pasaban por ahí, que no habían hecho nada, que estaban de paso.
Jordi Jané (Interior) declaró que “pensaba que al final se llegaría a algún tipo de solución acordada”.
Meritxell Ruiz (Educación) que “siempre habíamos hablado de un referéndum pactado” y que “nunca se me planteó la vía unilateral como una vía posible”.
Y Jordi Baiget (Empresa) que “no se hablaba de la vía unilateral”.
Hombre, no me jodan.
Cuando Mas echó a los consejeros de Unió los nombró a ellos para el cargo.
El entonces presidente dijo que ahora sí, que ahora ya tenía un gobierno “altamente cohesionado” para la independencia. Iban embalados.
El único que falta en la foto es el consejero de Agricultura, Jordi Ciuraneta.
Sospecho que un tipo discreto y eficaz que cuando fue cesado unos meses después -el 14 de enero del 2016- se fue a casa. No sé si porque no contaron con él o porque vio que esto del proceso no iba a ningún lado. Creo que ahora anda de presidente de Pimec de Tarragona, -la patronal de la pequeña y mediana empresa.
En cambio, otra de las de la foto, Mertixell Borràs (Gobernación), ha acabado sentada en el banquillo del Supremo. Y no en el de los testigos sino en el de los acusados.
Pero lo dicho: no querría ver a nadie sentado en él.
Lo que pasa es que las mosquitas muertas del proceso han hecho mucho daño.
Los que pasaban por ahí pero no levantaron la voz. Sobre todo cuando tenían cargo público y nómina oficial.
En resumen: los que callaron.
Ya lo dijo Ignasi Guardans en un artículo memorable en La Vanguardia en un ya lejano 2014.
El exeurodiputado de CiU explicó que sentía respeto por “los independentistas de primera hora”, por los independentistas reprimidos e incluso por los conversos. De las dos últimas categorías yo discrepo.
“Pero debo confesar -añadía- que siento un desprecio creciente por los que callan. Por los que saben, o comparten, que todo es una enorme ficción teatral llena de emociones casi futboleras y vacía de sustancia y racionalidad.”
Pues eso.
Guardans todavía resumía el sentir de muchos en Catalunya en un tuit más reciente:
En efecto, si estamos como estamos es porque muchos callaron o directamente se apuntaron al que parecía el carro ganador.
Muchos lo hemos sufrido en silencio.
Y que conste que siempre he dicho que es tan legítimo estar a favor de la independencia como estar en contra.
Lo que no se puede es ocultar la verdad.
Y los que callaron sabían que el proceso no saldría bien.
Con el 47% de los votos no se puede declarar la independencia unilateral en la Unión Europea.
Bueno, en la China Popular tampoco. En la China Popular todavía menos aunque algunos se empeñan en comparar España con Turquía.
Y además lo sabían, claro, que lo sabían.
El estropicio institucional, político, económico y social del proceso -que ha sido enorme- es también culpa suya.
De los que callaron.
Quizá en el caso de Jordi Jané hay un agravante. Y me duele decirlo porque nos conocemos desde hace años y el respeto, al menos hasta ahora, ha sido mutuo.
Él sabe que no se podían saltar la ley a la torera sin consecuencias. Es abogado y, antes que fraile, fue asesor del grupo parlamentario de CiU en Madrid.
Pero también calló.
Con el agravante en este caso de que fue nombrado posteriormente coordinador de seguridad pública en el propio departamento.
No sé si para comprar su silencio o en agradecimiento por los servicios prestados.
Pero no hay antecedentes en la Generalitat contemporánea de que un consejero -de Interior o de lo que sea- permanciera en el departamento tras ser cesado.
Sin olvidar que su esposa fue directora del gabinete jurídico central de la Generalitat con una nómina que roza la de consejero.
La misma, por cierto, que rechazó que el Govern se personara como acusación particular en el caso Palau.
En cierta forma tiene lógica: ¡no se iban a acusar ellos mismos!
Quizá recordar que la sentencia condenó a CDC a pagar seis millones de euros. La más alta impuesta a un partido en democracia.
Sólo para comparar: la del caso Gürtel -que le costó a Rajoy la presidencia- fueron 249.000 y la de los trajes de Camps -que le costaron también la presidencia tras haber ganado las elecciones por mayoría absoluta tres meses antes- 46.000.
Empiezo a pensar que, en el fondo, el proceso ha sido una gran agencia de colocación.
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