No nos vengan ahora con dilaciones ni excusas de mal pagador. El Govern de la Generalitat tiene la obligación institucional, política y moral de garantizar la celebración de las elecciones autonómicas cuando toca: el 14 de febrero.

El ejecutivo catalán tiene a su disposición suficientes instrumentos, y mecanismos preventivos, para garantizar, a todos los niveles, las votaciones. Tiene mucha razón Josep Sánchez Llibre cuando afirma, ante la asamblea general de la patronal, que el país necesita un gran pacto para recuperar la normalidad política y la estabilidad económica.

Pero no sólo eso, en su parlamento también exigió el mantenimiento de la fecha de las elecciones, con todas las medidas de prevención sanitaria que fueran necesarias. Sí amigos, a Cataluña le conviene pasar página e iniciar una nueva etapa donde la recuperación de la economía vaya pareja con una gestión gubernamental sin conflictos políticos de envergadura.

A estas alturas de la película nadie entendería un aplazamiento temporal de los comicios como la resultante de un capricho partidista generado alrededor de una interpretación de las encuestas. Otros países y comunidades han votado con seguridad en tiempo de pandemia. Necesitamos aire nuevo; Cataluña ya ha soportado, en exceso, el peso de las políticas aciagas de sus gobiernos nacionalistas.

Toca poner las urnas de verdad, hacer un ‘reset’ e intentar comenzar una andadura libres de hipotecas. El país lo necesita, la ciudadanía lo demanda por higiene democrática.